BRILLAS AGUSTÍ | ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ESPAÑA

Sin suelo no hay viviendas: por qué España necesita reducir los plazos urbanísticos y facilitar la construcción
España necesita construir más viviendas. Es una realidad que se repite en los debates económicos, políticos y sociales. Sin embargo, existe una cuestión fundamental que no siempre recibe la atención que merece: ¿cómo vamos a aumentar la oferta de vivienda si transformar un terreno en suelo apto para construir puede tardar hasta 15 años o incluso más?
El problema de acceso a la vivienda no empieza únicamente con los precios de venta o alquiler. Comienza mucho antes, en la disponibilidad de suelo, los procedimientos urbanísticos, los costes fiscales y los plazos necesarios para que un proyecto pueda convertirse en una realidad.
Desde la perspectiva del sector de la construcción, es necesario abordar estas dificultades de manera conjunta. Porque construir más viviendas no depende exclusivamente de la capacidad de ejecución de las empresas constructoras. Depende también de que existan terrenos preparados, proyectos viables y condiciones que permitan ponerlos en marcha.
Sin suelo disponible para edificar, no puede haber nuevas viviendas. Y sin aumentar la oferta allí donde existe demanda, será muy difícil mejorar el acceso a la vivienda.
1. El suelo: uno de los principales factores que condicionan el precio de la vivienda
El suelo es la base física de cualquier proyecto inmobiliario y uno de los componentes más relevantes de su coste.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el suelo puede representar hasta el 45 % del precio de una vivienda.
Esta cifra ayuda a comprender por qué su disponibilidad tiene tanta importancia.
Cuando existe escasez de suelo preparado para construir en zonas con elevada demanda residencial, aumenta la competencia por los terrenos disponibles. Esta situación puede incrementar los costes de adquisición y dificultar la viabilidad económica de nuevas promociones.
Pero hay una diferencia esencial que conviene explicar:
Que exista suelo no significa que exista suelo finalista.
Un terreno puede estar previsto para un futuro desarrollo residencial y, sin embargo, no reunir todavía las condiciones urbanísticas y materiales necesarias para edificar.
Antes de comenzar una obra pueden ser necesarios procesos de planeamiento, gestión urbanística, reparcelación, ejecución de infraestructuras, urbanización y obtención de licencias.
Por tanto, el verdadero problema no siempre es la inexistencia física de terrenos, sino la dificultad para convertirlos en parcelas efectivamente disponibles para construir.
Esta distinción resulta fundamental para entender por qué aumentar la oferta de vivienda puede ser un proceso tan lento.
2. Marc Vidal advierte: transformar suelo urbanizable puede requerir entre 8 y 15 años
El economista e inversor Marc Vidal ha puesto el foco sobre esta problemática en una intervención en el programa Herrera en COPE, recogida posteriormente por la prensa.
Su reflexión parte de una contradicción evidente: España necesita producir más viviendas, pero el proceso previo para disponer de suelo apto para construir puede prolongarse durante muchos años.
En su análisis, Vidal destaca cinco obstáculos:
- Disponibilidad de suelo: transformar un terreno hasta hacerlo apto para construir puede requerir entre 8 y 15 años.
- Oferta insuficiente: compara una producción aproximada de 100.000 viviendas anuales con la creación de unos 250.000 nuevos hogares.
- Licencias urbanísticas: señala que las autorizaciones pueden experimentar demoras de hasta 12 meses en ciudades como Madrid o Barcelona.
- Fiscalidad: sostiene que los impuestos asociados a la promoción inmobiliaria pueden encarecer el precio final de las viviendas alrededor de un 20 %.
- Mano de obra: advierte de la escasez de profesionales cualificados para responder a las necesidades de construcción.
Estas cifras forman parte de las declaraciones atribuidas a Marc Vidal y deben interpretarse en su contexto. No todas representan promedios oficiales homogéneos para el conjunto de España.
Sin embargo, el diagnóstico sobre los plazos urbanísticos encuentra respaldo en investigaciones institucionales.
La CNMC, en su estudio sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda publicado en 2026, señala que el proceso completo puede durar habitualmente entre 10 y 15 años y llegar incluso a 20 años en determinados casos.
Estamos hablando de plazos que pueden superar ampliamente el tiempo necesario para ejecutar materialmente un edificio residencial.
Y esa diferencia es uno de los grandes desafíos estructurales del mercado de la vivienda.
3. España necesita más viviendas de las que consigue producir
La falta de suelo finalista adquiere especial relevancia cuando se analiza la diferencia entre la creación de hogares y la producción de nuevas viviendas.
El Banco de España, en su Informe Anual 2024, estimó que el diferencial acumulado entre la creación neta de hogares y las viviendas terminadas durante el período 2022-2024 se situaba entre 400.000 y 450.000 viviendas.
El informe identifica además una concentración territorial importante: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga reunían algo más de la mitad de ese diferencial.
Esto demuestra que el problema no afecta de la misma manera a todos los territorios.
La necesidad de construir nuevas viviendas es especialmente relevante en aquellas zonas donde el crecimiento demográfico, la actividad económica y la formación de nuevos hogares generan una demanda residencial superior a la oferta disponible.
Por eso, cualquier política de suelo debe considerar dónde se necesitan realmente las viviendas.
No se trata simplemente de habilitar más terrenos en cualquier lugar, sino de facilitar desarrollos residenciales viables en ubicaciones adecuadas, con infraestructuras, servicios, transporte y condiciones urbanísticas compatibles con un crecimiento sostenible.
Aumentar la oferta exige disponer del suelo adecuado, en el lugar adecuado y en el momento en que se necesita.
4. Los plazos urbanísticos: cuando la burocracia retrasa la vivienda
Una de las mayores dificultades del desarrollo inmobiliario es la acumulación de procedimientos administrativos necesarios antes de iniciar la construcción.
La transformación del suelo implica la intervención de distintas administraciones, la aprobación de instrumentos urbanísticos y la obtención de informes y autorizaciones.
Muchos de estos controles cumplen funciones imprescindibles para garantizar la legalidad, la protección ambiental, la seguridad y la correcta planificación de las ciudades.
El problema aparece cuando los procedimientos se prolongan innecesariamente, se duplican los trámites o existe una falta de coordinación entre organismos.
Cada retraso puede tener consecuencias económicas:
- Incremento de los costes financieros asociados a los proyectos.
- Mayor incertidumbre para promotores, inversores y empresas participantes.
- Retraso en la contratación y ejecución de nuevas obras.
- Dificultades para planificar recursos, equipos y materiales.
- Llegada más tardía de nuevas viviendas al mercado.
La CNMC ha recomendado simplificar procedimientos, mejorar la coordinación administrativa, flexibilizar determinados instrumentos urbanísticos y agilizar las licencias, manteniendo las garantías necesarias.
Desde Brillas Agustí consideramos fundamental avanzar hacia un sistema en el que los plazos administrativos sean claros, proporcionados y previsibles.
Reducir los tiempos no significa eliminar controles. Significa evitar que la complejidad administrativa se convierta en una barrera innecesaria para la construcción.
5. Fiscalidad: otro factor que condiciona el coste de producir vivienda
La fiscalidad es otro de los elementos que deben incorporarse al debate sobre la accesibilidad de la vivienda.
A lo largo del proceso inmobiliario pueden intervenir diferentes impuestos, tasas y cargas económicas relacionadas con la adquisición del suelo, su transformación, la construcción y la transmisión de las viviendas.
Marc Vidal sitúa alrededor del 20 % el impacto de los impuestos sobre el precio final, según las declaraciones citadas.
No obstante, conviene diferenciar entre la carga fiscal soportada durante todo el proceso y el porcentaje efectivamente trasladado al comprador. El resultado varía según el tipo de promoción, la localización y el régimen tributario aplicable.
Desde una perspectiva sectorial, merece la pena revisar si la fiscalidad actual favorece suficientemente la producción de nueva vivienda, especialmente cuando se trata de proyectos destinados a ampliar la oferta asequible.
Una reducción fiscal bien diseñada podría mejorar la viabilidad de determinadas promociones y contribuir a moderar sus costes.
Pero para que estas medidas beneficien realmente al acceso a la vivienda, deben acompañarse de una mayor oferta, competencia y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
No basta con reducir costes si seguimos sin disponer de suelo para desarrollar nuevos proyectos.
6. La falta de profesionales cualificados también limita la capacidad de construcción
Aunque el suelo, la fiscalidad y los plazos son elementos esenciales, no podemos olvidar otro desafío: la disponibilidad de profesionales cualificados.
La construcción necesita equipos técnicos, operarios especializados, encargados, responsables de obra y profesionales de diferentes oficios para ejecutar proyectos con seguridad y calidad.
La dificultad para incorporar nuevos trabajadores y garantizar el relevo generacional puede limitar la capacidad de respuesta del sector cuando aumenta la actividad.
Por eso, además de facilitar suelo y reducir trámites, resulta necesario reforzar la formación profesional, atraer talento y mejorar la incorporación de nuevas generaciones a la construcción.
También es importante seguir avanzando en la industrialización, la digitalización y la mejora de los procesos constructivos.
Estas herramientas pueden contribuir a una ejecución más eficiente, pero no sustituyen la necesidad de disponer de proyectos urbanísticamente viables.
Podemos mejorar la forma de construir, pero primero necesitamos que existan condiciones para empezar a hacerlo.
7. Tres prioridades para aumentar la oferta de vivienda en España
Desde Brillas Agustí consideramos que la respuesta al problema habitacional requiere una actuación coordinada de las administraciones públicas y los diferentes agentes del sector inmobiliario y de la construcción.
Hay tres prioridades especialmente importantes.
1. Facilitar la disponibilidad de suelo finalista
Es necesario desbloquear desarrollos urbanísticos viables, revisar las barreras regulatorias innecesarias y favorecer la transformación de terrenos en parcelas aptas para edificar.
El objetivo debe ser incrementar la disponibilidad real de suelo residencial donde existe demanda, respetando los criterios de sostenibilidad y planificación territorial.
2. Revisar la fiscalidad que soporta la producción de vivienda
La carga fiscal debe analizarse considerando sus efectos sobre la viabilidad económica de nuevas promociones y sobre el precio final de las viviendas.
Una fiscalidad proporcionada, transparente y orientada a favorecer la producción de vivienda puede contribuir a estimular la actividad y la inversión.
3. Reducir los plazos de transformación urbanística y concesión de licencias
La agilización administrativa debería convertirse en una prioridad.
Para conseguirlo, es necesario mejorar la coordinación entre administraciones, digitalizar procedimientos, evitar duplicidades y establecer calendarios de tramitación más predecibles.
Estas medidas permitirían reducir incertidumbres y facilitar que los proyectos lleguen antes a la fase de construcción.
8. ¿Por qué es importante escuchar también a las empresas constructoras?
En el debate sobre la vivienda suelen tener especial protagonismo los precios, las condiciones de financiación, las políticas públicas y las decisiones de los promotores.
Sin embargo, las empresas constructoras también forman parte esencial de la solución.
Son las encargadas de transformar los proyectos en edificios reales, coordinar los trabajos y materializar las viviendas que finalmente llegan a los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, resulta fundamental que exista continuidad en la actividad, una planificación adecuada y condiciones que permitan ejecutar las obras con eficiencia.
La construcción es el último gran eslabón de una cadena que comienza mucho antes.
Si esa cadena se bloquea en el suelo, el planeamiento o las licencias, las viviendas no llegan a construirse.
Por eso, resolver el problema de acceso a la vivienda exige actuar sobre el conjunto del proceso, no únicamente sobre su fase final.
Conclusión: para construir más viviendas, primero hay que hacer posible su construcción
España necesita aumentar su oferta residencial, especialmente en las zonas donde la demanda supera claramente la capacidad de producción de nuevas viviendas.
Los datos del Banco de España y las conclusiones de la CNMC muestran que estamos ante un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo, pero también decisiones urgentes.
Las reflexiones de Marc Vidal sobre la disponibilidad de suelo, los plazos urbanísticos, la fiscalidad y la falta de profesionales ponen sobre la mesa dificultades que afectan al funcionamiento del sector.
Desde Brillas Agustí defendemos la necesidad de abordar estos obstáculos con una visión práctica, coordinada y orientada a resultados.
Necesitamos más suelo finalista, una fiscalidad que favorezca la producción de vivienda y unos plazos administrativos compatibles con las necesidades reales de la sociedad.
Porque construir viviendas no consiste únicamente en levantar edificios.
Consiste en hacer posible que los proyectos puedan desarrollarse, ejecutarse y convertirse en hogares.
Sin suelo no hay proyectos. Sin proyectos no hay construcción. Y sin construcción no habrá suficientes viviendas para responder a la demanda.
La solución al problema de la vivienda empieza mucho antes de la primera obra.
Empieza por el suelo.
Brillas Agustí | Empresa constructora



